LA JUNTA ASTURIANA Y LA REVOLUCIÓN LIBERAL
JULIO ANTONIO VAQUERO IGLESIAS
Sala capitular de la catedral de Oviedo donde se reunia la Junta General del Principado |
En los últimos tiempos han aparecido varios trabajos acerca de la guerra de la Independencia que vuelven a mantener la tesis tradicional de la historiografía conservadora sobre los significados de la sublevación popular y las juntas a las que el levantamiento de la guerra de la independencia dio origen.
Esa tesis de la historiografía
conservadora mantenía que el levantamiento y la revolución, por decirlo con los
términos del libro del conde de Toreno, había que entenderlos, el primero, el levantamiento, como
un movimiento integrado mayoritariamente por
parte del pueblo tradicional con
un evidente contenido y significado conservador en defensa del Antiguo Régimen y
de sus dos pilares el Altar y el Trono. El segundo, esto es: en cuanto la
actuación de las juntas, que ésta no habría tenido nada que ver con la
revolución liberal. La composición social dominante de las Juntas estaría formada por nobles, funcionarios y clérigos de clara significación ideológica
tradicional y por ello sus actuaciones habrían sido también de una orientación
defensiva conservadora.
. En realidad, estos historiadores vuelven a reproducir- como bien ha visto
Francisco Carantoña- dos de las interpretaciones contemporáneas de los
hechos, legitimadoras del proceso que se estaba produciendo, y que implicaban
dos valoraciones divergentes. Por una parte, era la interpretación de ese proceso entendida
como la defensa necesaria, en clave casi de supervivencia, de la monarquía y
los valores religiosos tradicionales. Y, por otra, desde la perspectiva de los
invasores y los afrancesados, la acción de esos actores tradicionales, pueblo y
élites tradicionales se entendía como la actuación de un pueblo ignorante, el “populacho”, dirigido por
unas élites defensoras del Antiguo Régimen, que rechazaban la “modernización”
que traía el nuevo poder. Porque, decían, suponía una ideología reaccionaria
que, en realidad, lo que pretendía era encubrir la defensa de sus intereses
materiales, sociales y políticos.
El propio Alvaro Flórez Estrada era consciente de que, al menos, Napoleón
no podía aceptar esa interpretación como verdadera, sino como una
racionalización ideológica, como un elemento más de la guerra de propaganda que
también fue la Guerra de la Independencia: “.A pesar de todo lo que aparentaba,
Bonaparte no ignoraba- argumentaba
Flórez- que los verdaderos autores de la revolución eran las luces. Los que han
contribuido con más calor a inflamar a sus conciudadanos han sido aquellas
personas de todas las clases que más odiaban el despotismo y la injusticia; han
sido aquellos hombres más ilustrados acerca de la libertad y de la dignidad a que debe aspirar todo el que no se halle
corrompido por el crimen o la bajeza, aquellos mismos, finalmente , que más
defendían la causa de los franceses cuando luchaban por recobrar su libertad” (
Introducción para la historia de la
revolución de España)
No
parece, sin embargo, que la vuelta a esa interpretación por parte de estos historiadores actuales signifique un revisionismo de naturaleza
ideológica como sí es evidente hoy en el caso del que se está realizando sobre la guerra civil. Sus defensores son más bien historiadores
profesionales y algunos claramente progresistas como es el caso de Javier
Varela. Pero, a mi entender, supone una interpretación errónea porque deja a un lado dos significados
relevantes de ese proceso histórico.
Uno, que el movimiento popular que produce y da legitimidad a la formación de las juntas no es sino la
prolongación del descontento anterior de
las clases populares contra Carlos IV y Godoy y que había tenido una de sus
principales expresiones en el motín de
Aranjuez y se tradujo en demandas de cambios y reformas sociales. Y, dos, que,
a pesar de la presencia, incluso mayoritaria, en las juntas de las élites
tradicionales, no se puede obviar, asimismo, la participación en las juntas de
elementos ilustrados y liberales cuya actuación fue decisiva para el triunfo
final, aunque temporal, del primer
liberalismo español en las Cortes gaditanas.
En el caso asturiano estos dos
hechos me parecen indiscutibles. Los acontecimientos de la
sublevación popular del 9 de mayo en Oviedo vinieron precedidos de otras
manifestaciones de descontento en Gijón y en Oviedo y el sustrato popular de
esas sublevaciones claramente espontáneas puede apreciarse en la sociología de
los amotinados: estudiantes y los armeros vizcaínos de la Fábrica de armas, además de otras gentes
del diferentes clases sociales y de
ambos géneros. Las dos mujeres más significadas en esos hechos eran miembros de
los estratos bajos de la sociedad
ovetense. María Andallón era tabernera,
criada, madre de una hija ilegítima y
tampoco parece ser de elevada cuna, Xuaca Bobela, que tuvo, además, una
destacada intervención en los acontecimientos del 24/25 de mayo. También está
documentada la participación de mujeres
en los motines que se produjeron en Gijón. Ahora que la historia de las mujeres
es un nuevo campo de la historiografía, creo que tendría interés intentar investigar con detalle la presencia y
actuación femenina en estos
acontecimientos. De hecho, en las historias generales de Asturias esa
participación femenina ni siquiera se menciona.
La intervención de personajes de
ideología ilustrada o preliberal en la preparación del golpe de mano que
concluye en la noche del 24 al 25 de mayo es también otro dato perfectamente
documentado. Cuando la Audiencia logra reconducir el motín del 9 de mayo y
rectificar los acuerdos tomados por la Junta General bajo la presión de la
multitud que llenaba este claustro catedralicio y la Corrada del Obispo, van a
ser tres personas claramente reformistas las que preparan el golpe de mano
posterior: Ramón Llano Ponte, José Argüelles Cifuentes y Antonio Merconchini.
Del mismo modo, el documento en
el que se explicitaban las “demandas de la voluntad del pueblo de
esta capital, fiel intérprete de la de todos los del Principado” y pedía la formación de una Junta Suprema con
plena soberanía, fue redactado por otro reformista, José García del Busto y de
los 15 miembros requeridos en ese documento para formarla, cinco al menos
pueden considerarse por su trayectoria ideológica posterior claramente afectos
al ideario ilustrado- liberal.
Todos sabemos, además, el claro
liderazgo que ejerció en esa Junta Suprema, después, de nuevo, Junta General,
su procurador general Alvaro Florez Estrada y las ideas avanzadas que defendía.
Y si bien es cierto que, como ocurrió con otras Juntas en el resto de España, hubo
un claro predomino numérico de sus
miembros conservadores, Flórez Estrada, dada la relación de fuerzas o los
intereses comunes, tuvo que contar y
apoyarse en los más importantes miembros de la nobleza titulada asturiana
presentes en la Junta, en sus enfrentamientos con la Audiencia y la Iglesia
asturiana. Lo que explica las contradicciones de la obra de la Junta y los fracasos que cosechó al tratar de
adoptar disposiciones de claro contenido liberal como ocurrió con el intento de la aprobación de un decreto sobre la
libertad de imprenta, mientras consiguió
que otras medidas de esa clase fueran aceptadas como sucedió con el intento de
una convocatoria de Cortes no estamentales en Oviedo, fundamentado ya en el
principio de la soberanía nacional. “La
soberanía, se dice en ese acuerdo, reside
siempre en el pueblo, principalmente, cuando no existe la persona en la que
la haya cedido y el consentimiento máximo de una nación autoriza todas las
funciones que quiera ejercer”
El caso de la Junta asturiana no es
excepcional como mantienen algunos de estos historiadores, sino paradigmático.
No sólo, como la asturiana, la junta barcelonesa propone unas reformas de claro
contenido liberal, sino que prácticamente en todas las juntas está presente un destacado grupo de
“liberales”: Tilly en la sevillana, Calvo de Rozas en la aragonesa, Romero
Alpuente o Antillon en la de Teruel, el vizconde de Quintanilla, en la de León;
o Bertran de Lis, en la de Valencia y otros más. La mayor parte de ellos
terminaron formando después, en las Cortes gaditanas, el “partido liberal” que
condujo la revolución liberal a buen puerto a partir de 1810. La Juntas fueron,
sin duda, un espacio en el que esos
liberales trataron hacer realidad sus ideas y donde adquirieron vital experiencia política para su práctica parlamentaria
posterior. Es decir, fueron un espacio
fundamental para su propia socialización
política, pero también para la de
algunos otros sectores de la población española
Por eso, me reafirmo en la consideración de que ese inicial movimiento
juntero hay que entenderlo, más allá de esas recientes, pero, en realidad,
viejas interpretaciones a las que me he
referido, como la fase inicial de la revolución liberal en España.
Este texto fue presentado por el autor el pasado 25 de mayo en el tradicional acto
conmemorativo del histórico pronunciamiento del 25 de mayo de 1808 de la Junta
General del Principado, organizado por las sociedades Amigos del País de
Asturias, Asociación Asturias 2008 y Sociedad de Amigos del País de Avilés y
comarca. Y fue publicado en La Nueva España, de Oviedo.
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